Por Salvador Hernández LANDEROS.
En el escritorio del Fiscal General del Estado, Gustavo Adolfo Gutiérrez Rodríguez, está la renuncia que se hará efectiva dentro de un mes.
En lenguaje propio que bien conoce él, causará ejecutoria un día después de las elecciones del 6 de junio y se hará efectiva en un tiempo perentorio.
Del resultado de la elección por la gubernatura, depende cual podría ser el colofón de una historia que inició hace más de una década en una mueblería.
Este será el desenlace de una guerra diferente a la de 1976 entre judiciales que estuvo a punto de llegar a los balazos, no de abrazos, como ahora ocurre.
La semana pasada los policías ministeriales se inconformaron, porque como medida administrativa se les ordenó dejar sus patrullas en la corporación.
Su molestia fue porque andarían a pie, en camión o en Uber. Su enojo lo subieron a redes sociales con “cosillas personales” del autor de esa medida.
(Por regla, en el tema siempre empleamos once párrafos. Esta vez no. Lo que sucedió tiene historia de qué, quién, cómo, dónde y cuándo, para entenderla).
El autor de esa medida es el Secretario Ejecutivo de Administración y Finanzas de la Fiscalía General del Estado, ingeniero en sistemas, Reyvel Medina Reyes.
Dentro de la estructura de la FGE, él es el todo del titular. Hay una relación de más de diez años que, dijimos arriba, inició en una mueblería de Monterrey.
Siendo presidente del Tribunal Superior de Justicia, el Fiscal llevó a Reyvel colaborar con él y ocupar el cargo de Director de Administración y Tesorería.
Durante el periodo laboral en el TSJ Medina Reyes llevó a Mauro Zacarías Casimiro, Jaime Guerrero Rodríguez y Jesús Martín González Rodríguez.
Otro lo fue Salvador Carrizalez Venegas, quien junto con los otros crearon un grupo peculiar, que no coincidía con sus designaciones en el área.
Su comportamiento “sui géneris” llamó la atención por su exacerbado dispendio. Viajes en yates y un Audi color rojo, valuado en más de $ 800 mil.
El dispendio en viajes y placeres con dinero público lo denuncio, en su tiempo, el portal Código Magenta, en septiembre del 2017, junto con escandaloso video.
Sanjuana Martínez, allegada hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador, también investigó y los denunció a través de la revista PROCESO.
El 9 de marzo del 2018, hace tres años, Gustavo Adolfo Gutiérrez Rodríguez, fue nombrado Fiscal General del Estado y se llevó con él a todo este grupo.
Ahí siguieron haciendo de las suyas. El Norte denunció el 17 de octubre del 2018: “Van de PJ a la Fiscalía…y los indemnizan”, con $1.300 mil a c/u.
En el TSJ percibían $46 mil de sueldo y en la FGJ se incrementaron un 170%, es decir, arriba de 140 mil pesos mensuales. (14/09/2018 en Reporte Índigo).
El Fiscal General pidió un incremento de 300 millones dentro del presupuesto anual, el cual tanto el Gobernador como el Congreso se lo negaron.
Ahora, quienes colaboraban con Manuel González Flores cuentan que, en esas fechas, el secretario general de gobierno “se los quiso meter” y encarcelarlos.
Comentan que Gustavo Adolfo fue con el gobernador para abogar por ellos y Jaime Rodríguez Calderón, le ofreció “un borrón y cuenta nueva”.
La historia relatada es un resumen que cobra vida en tiempos políticos debido a la medida de qué los ministeriales no se llevaran las patrullas a su casa.
Ellos dicen no tener culpa de que el ex X-II, le diga a X-I que “amor con amor se paga” y “El Bronco” está “cobrando el favor”. Cómo. Con apoyo político.
¿En qué consiste? Muy sencillo, que toda la FGJ se vuelque a favor del candidato del PAN, Fernando Larrazabal Bretón, incluyendo a ministeriales.
¡Y aún hay más!
