Por Salvador Hernández LANDEROS.
¡Para Ripley!, o lo que es lo mismo: “Candil de la calle, oscuridad de la casa”.
No se concibe que un gobernante abogue por la Paz de otras Naciones cuando que, por ineptitud o miopía, en su pueblo no hay orden a causa de la violencia.
Tampoco se concibe que en un recinto en el que forman profesionistas para contribuir a la eficacia del Estado de Derecho, se encubra un delito, un ilícito.
Peor, que Samuel García, quien recién presumió su tercer doctorado obtenido en la Facultad de Derecho de la UANL, no se entere de lo que ocurre ahí.
Más peor, que el doctor Santos Guzmán, recién designado Rector de la Máxima Casa de Estudios, ande sólo en la grilla con los exrectores.
Pero lo peor, quien merece la destitución ipso facto del cargo por encubrir un delito, es el director de la Facultad de Derecho, Oscar Paulino Lugo Serrato.
Alonso Martínez Arrieta, quien era subdirector de administración cometió un delito en contra de una persona y sólo fue separado del cargo, como sin nada.
El director, con maestría en Reino Unido y Doctorado (dos menos que Samuel) en Escocia, lo protegió en otro cargo menor al que sólo rara vez asiste.
Este caso ya es “vox populi” en las aulas. Hay una víctima, una persona que después del hecho quedó tocada, trastocada y sin apoyo de alguna autoridad.
Dónde está Alicia Leal y su Instituto Estatal de las Mujeres. ¿Dónde están las abogadas y diputadas que se debaten por la cuota de género en el Congreso?
Dónde está Mariana Rodríguez, la titular de Amar Nuevo León. Su función está más allá de la sola explotación de la niñez para promocionar su imagen.
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