Por Salvador Hernández LANDEROS.
“Que no se culpe a nadie de su muerte; nosotros, sus padres, nos hacemos responsables de lo que le suceda a nuestro hijo”.
“Deslindamos de toda responsabilidad a las autoridades de salud y nos comprometemos a cubrir los gastos que se ocasionen”.
Ante la exigencia de los padres de familia para que sus hijos regresen a las clases presenciales, las autoridades deben fijar una postura apoyada en una carta responsiva.
Los padres que marcharon o caminaron acompañados de sus hijos menores de edad, exigieron: “Que nuestros hijos asistan a la escuela de MANERA VOLUNTARIA y con los protocolos de salud” (sic)
Si esa es la voluntad de ellos y, conste, no de los propietarios de colegios privados, justo es compartir la responsabilidad mediante un acuerdo.
Gobierno, padres de familia y propietarios de los colegios privados se deben reunir y establecer reglas claras para subsanar el costo de la atención medica de un menor que sufra un contagio.
Autoridades y colegios, deben llevar un registro escolar, de salud y familiar de cada alumno por si sucediera un contagio en el colegio o en el seno familiar.
Tiene razón Sergio Palau, representante de los padres de familia, al exigir: “que la cosa sea pareja y no solo permitir que se abran estadios de futbol y otros giros, sino también las escuelas”. (sic)
El gobernador Jaime Rodríguez y el titular de Salud, Manuel de la O Cavazos, están obligados a tomar una firme decisión. “Todos coludos o todos rabones”.
Tampoco vale que propietarios de educación privada manipulen a los padres, ni tampoco que éstos lo acepten por una posibilidad fuera de la educación.
