Por Salvador Hernández LANDEROS.
No hay día en que no se acuse de actos de corrupción a un ex presidente, un
gobernador, un alcalde, un senador o un diputado.
Lo mismo ocurre con funcionarios, públicos y privados, policías, periodistas,
rectores, líderes sindicales y sociedad en general.
En lo que a instituciones se refiere, están las fiscalías, las universidades, los
tribunales, contralorías, financieras y otras impregnadas de corrupción.
(La corrupción, en sí, no es un delito. Se constituye a una práctica que
consiste en el abuso de la función, en el provecho económico o de otra índole).
De un tiempo a la fecha se han incrementado las denuncias en contra de los
notarios públicos que, se supone, son los que garantizan la legitimidad.
Un notario público es un testigo de fe.
Está investido de presunción de la
verdad. Es custodio de documentos y su firma tiene valor moral.
Al notario público lo avala el gobernador en turno y su jefe directo es el
secretario general de gobierno. En los últimos 5 años, Manuel González.
Este recién pasado fin de semana, un grupo de ciudadanos de Doctor Arroyo
denunciaron al notario público, Número 135, Jesús Garza Bermúdez.
Los denunciantes fueron al Registro Público de la Propiedad para regularizar
predios que adquirieron y sus escrituras no son válidas.
No es la primera vez que denuncian al notario Garza Bermúdez, cuya notaría
se localiza en Galeana, donde está acusado del despojo de casas habitación.
Pero si los notarios públicos tienen todo el poder de la verdad con su firma, en
quién se va a confiar. Y lo peor. ¿quién va a cerrar la puerta?
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