Por Salvador Hernández LANDEROS.
Un abogado picudo, no de esos que ni siquiera sacan “una Tecate del bote”, puede poner en aprietos, o al menos meter un susto, a los diputados locales.
Para evitar eso, los legisladores deben apegarse estrictamente a lo que establece la Ley y revisarla bien, antes de aprobar el nombramiento del Tesorero estatal.
Carlos Alberto Garza Ibarra fue seis años el responsable de las finanzas en el gobierno de “El Bronco” y puede seguir en el cargo si los diputados lo aprueban.
Actualmente, la administración de Jaime Rodríguez está siendo exhibida como corrupta y comparada con ascos por Samuel García Sepúlveda.
Casi asemeja la administración con un cuerpo putrefacto, hinchado y a punto de reventar. Porque donde le aprietan, brota el líquido purulento llamado pus.
Desde que asumió como gobernador, Samuel García, ha denunciado “Bronco-bombas”, mafias en AyD que dan asco y hasta “Yerno-moches”.
Aún faltan secretarías por auditar, como Salud y Educación. Además, las denuncias públicas sobre factureras que saquearon $700 millones en la UANL.
Si el tesorero, Carlos Garza Ibarra, en seis años no se dio cuenta, pone en duda su capacidad. Y si lo supo y no actuó, podría ser acusado de abstención.
Dentro de la responsabilidad, visión y misión del Tesorero está la normatividad vigente y actuar con eficiencia, eficacia, pertinencia y coherencia.
Si no hizo lo que la Ley le mandó en su tiempo, vulneró la norma. Teniendo el deber de actuar y no lo hizo, cayó en una omisión que constituye un delito.
Así que ya lo saben los diputados locales. No vayan andar después haciendo rabietas si los señalan como a los anteriores. ¡De corruptos y vendidos!
