Por Salvador Hernández LANDEROS.
Desde hace tres años, empresarios, legisladores opositores y otros, han criticado al presidente Andrés Manuel por el uso de las fuerzas armadas en obras civiles.
Analistas ya han alertado sobre la gravedad en la decisión para dar esas funciones al Ejército y la Marina con el argumento de combatir la corrupción.
El inédito rol de estas instituciones se ha dado porque AMLO topó con una realidad. No ha sido fácil que las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles.
Andrés Manuel va a cumplir 4 años de mandato y el País sigue acumulando homicidios entre carteles y ni las policías civiles han podido depurar sus filas.
Por ello, ante tanta corrupción, se ha echado mano de los militares en funciones inéditas, como en las construcciones del aeropuerto “Felipe Ángeles”, el Tren Maya, en Salud combatiendo el Covid 19, en sucursales del Banco Bienestar y en las Aduanas portuarias y terrestres.
Pero el meollo de este tema, es aclarar quién influyó en el presidente para buscar el apoyo del Ejército y cumplir con sus promesas de combate a la corrupción, austeridad gubernamental y honestidad.
Y esto viene a raíz de un documento en redes sociales, fechado el 22 de febrero del año 2016, en el que el recién diputado local por MC, Samuel García, sugiere ocupar al Ejército “haciendo infraestructura y obra pública del Estado de Nuevo León y sus municipios” (sic).
El documento agrega que: “En otros países ya sucede, no habría moches ni sobre precios, y sí mucha disciplina, calidad y entregas a tiempo, ¿qué opinan?, pregunta el novel diputado, ahora gobernador de NL.
Y aquí sólo nos resta preguntar. Quién fue primero. ¿El huevo o la gallina?
