Por Salvador Hernández LANDEROS.
El fiscal general en Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, le sale muy caro y nada redituable, tanto al Estado como a los ciudadanos.
A Guerrero Gutiérrez se le pagan puntualmente sus quincenas, viáticos, gastos y gustos, escoltas y vehículos blindados, pero él está quedando a deber.
En ese cargo, que antes se llamaba Procurador de Justicia, vimos a los abogados que le dieron lustre a la profesión y no le costaban tanto al gobierno estatal.
Fueron Procuradores que hablaban de frente, daban la cara y no pensaban en regresar a TSJ para jubilarse y justificar sus ingresos “ad perpetuam”.
Hoy todo indica que el Fiscal Guerrero lo es sólo de apellido. Por lo ocurrido en San Pedro, quien dio la cara fue un sub fiscal quien estaba “congelado”.
El Fiscal, quien como tal asumió en marzo del 2018, tiene en la “congeladora” el caso del empresario regiomontano, Agustín Villarreal Budnik.
Fue el 8 de enero del 2016, a tres meses del inicio del gobierno de “El Bronco”, cuando, según el empresario, fue secuestrado por varios ministeriales.
Antes de Guerrero Gutiérrez, el caso lo manejaron los procuradores Roberto Flores y Bernardo González y, ante éste, se identificaron a 21ministeriales.
El empresario, quien se les escapó a sus secuestradores, confirmó a través de audios que un implicado fue un agente que fue ejecutado en San Pedro.
El gobernador Jaime Rodríguez Calderón, sobre el caso, sólo ha dicho que es “un asunto familiar” y es ahí donde se solucionaría el conflicto.
Sin embargo, en el caso hay otra víctima. Un ministerial con más de 30 años de servicio que ni siquiera se puede jubilar, porque lo tienen “congelado”.
