Por Salvador Hernández LANDEROS.
Malo el cuento en una institución cuya función es la investigación, donde 6 meses después se enteran de un acuerdo para pagar “jugosos finiquitos”.
En eso no hay nada de achacarle responsabilidad al exfiscal Gustavo Adolfo Guerrero, por acordar dar un finiquito a tres de sus principales allegados.
La Fiscalía general del Estado es un órgano autónomo. En todo caso, se debió haber acordado esa prestación con los diputados de la actual legislatura.
A quién responsabilizar si el exfiscal dejó el cargo en octubre del 2022 y según la misma Fiscalía acepta haber “realizado” esos finiquitos un mes antes.
El vice fiscal, Enrique Orozco, ha estado en su cargo desde el 2018 cuando Gustavo Adolfo asumió la FGE y llegó con sus colaboradores de antaño.
Ellos podrán alegar que no es ilegal, pero sí es inmoral que lo hayan aceptado. Porque también recibieron un “jugoso finiquito, cuando dejaron el TSJ.
No es secreto que, tanto en el TSJ como en la FGE, había un derroche de viajes personales y un marcado aroma inequívoco de masculinidades afectivas.
Pero ello, no es más que una consecuencia en la que mucho tuvo que ver el “caprichito” de Samuel García por su intención de colocar un Fiscal a modo.
Desde el inicio de su administración, quería la fiscalía para un allegado suyo. La mala suerte para una familia, ocurrió el feminicidio de Debanhi Escobar.
El gobernador “cocoreó” al Fiscal, quién con ayuda externa, le redactaron un reclamo que decía “A la fiscalía le toca investigar la muerte violenta de las mujeres, a usted, cuidar que no ocurran esas muertes”.
La FGE está acéfala desde hace 5 meses. Samuel quiere un fiscal a modo, como los líderes del SUSPE y la Sección 50 del SNTE. ¿Y Debanhi? Bien, gracias.
