Por Salvador Hernández LANDEROS.
De entre los miles de abogados que litigan y otros que representan a prestigiadas firmas y despachos, no habrá uno con agallas para defender al niño Emilio.
Emilio es un niño de 10 meses, con una discapacidad, quien fue sustraído por dos funcionarios públicos del lugar donde estaba en custodia del Estado.
Con o sin el permiso del director del Centro “Capullos”, se le vulneraron los derechos del niño y el Estado, a alguien, le debe fincar una responsabilidad.
“El funcionario público que sustrajere o consintiere que otro sustraiga lo que se tiene a su cargo o responsabilidad, por razón de su función debe ser castigado”.
Eso está en la Ley y lo sabe cualquier profesionista con licenciatura en Derecho y, más aún, quien tiene tres doctorados, verbi gratia, el gobernador.
Si este caso hubiese ocurrido durante el gobierno de Jaime Rodríguez, el Tri Doctor Samuel García, ya estaría con los diputados exigiendo su renuncia.
Sustraer al menor de donde es custodiado, exponerlo en forma mediática, sin cubrir su rostro y nombre y regresarlo podría equipararse a un secuestro.
El asunto se agrava, porque quién lo sustrajo, fue la misma quien lo debió proteger, esposa de abogado y con 3 doctorados que sirvieron para 3 cosas.
La CEDH inició una dudosa queja de oficio para el DIF estatal, además de un exhorto para evitar imágenes de los menores. ¿Quién tomó las fotos a Emilio?.
Dónde están las diputadas del Congreso Local. La mayoría ya han tenido al menos un parto y saben lo que es ser madre, a menos que les valga igual.
Emilio, si Dios le permite vivir y llegar a los 18 años, va a crecer con el estigma de que fue un bebé calificado como “Rey por un fin de semana promocional”.
